COLUMNA DE HIERRO
Eusebio Gimeno
El caso de Manuel Martínez Garrigós no es un episodio aislado ni un asunto del pasado. Es, en realidad, un espejo incómodo que refleja con crudeza el estado actual del PRI en Morelos: un partido sin coherencia, sin autoridad moral y sin dirección política clara.
En 2014, el PRI tomó una decisión grave: expulsar a quien había sido su dirigente estatal. Las acusaciones no eran menores: irregularidades financieras, daño al patrimonio del partido y fractura interna. Era, en teoría, un acto ejemplar. Un mensaje de que la disciplina, la legalidad y la ética partidaria no eran negociables.
Pero el tiempo desnudó la realidad: el procedimiento fue deficiente, impugnado y cuestionado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resoluciones revocadas, procedimientos repuestos, fallas jurídicas evidentes. Lo que debió ser una sanción firme terminó convertido en un proceso frágil, mal construido y políticamente mal ejecutado.
Y hoy, el mismo personaje reaparece en eventos del PRI. No como un militante en proceso de reconciliación institucional clara, sino como un actor tolerado en la ambigüedad. Más aún: con aspiraciones abiertas a competir por la presidencia municipal de Cuernavaca en 2027.
Aquí es donde la crítica debe ser frontal. Porque esto ya no es un problema de Manuel Martínez Garrigós. Es un problema de la dirigencia estatal del PRI.
¿Qué mensaje están enviando?
Si fue culpable, ¿por qué está de regreso?
Si no lo fue, ¿por qué lo expulsaron?
Si el proceso fue inválido, ¿por qué no lo reconocen?
Si fue válido, ¿por qué lo toleran?
No hay respuesta coherente. Solo hay simulación.
La dirigencia estatal ha optado por el camino más cómodo: no decidir, no fijar postura, no asumir costos. En lugar de ejercer liderazgo, administra contradicciones. En lugar de fortalecer al partido, lo debilita con ambigüedad.
Los documentos básicos del PRI —estatutos, principios, códigos de ética— establecen con claridad la importancia de la disciplina, la transparencia y la defensa del patrimonio partidario. Pero en los hechos, estos principios han sido relegados a un plano decorativo. No rigen la vida interna del partido; son ignorados cuando estorban a los acuerdos políticos del momento.
Lo que vemos hoy no es reintegración política. Es descomposición institucional.
Un partido que no puede sostener sus propias decisiones pierde credibilidad. Un partido que castiga sin sustento jurídico y luego permite el regreso sin explicación política pierde autoridad. Un partido que no distingue entre sanción y negociación deja de ser un instrumento serio de representación.
El PRI en Morelos enfrenta algo más grave que una crisis electoral: enfrenta una crisis de identidad.
Porque la política no solo se mide en votos, sino en coherencia. Y hoy, la dirigencia estatal ha demostrado que carece de ella.
El caso Garrigós no es el problema. Es la evidencia.
La evidencia de que el PRI ha dejado de ser un partido que decide, para convertirse en un partido que tolera. La evidencia de que ha sustituido la ética por la conveniencia. La evidencia de que su dirigencia ha renunciado al liderazgo.
Y así, difícilmente se construye una alternativa competitiva rumbo a 2027. Porque ningún proyecto político puede sostenerse sobre la incongruencia.
No se trata de cerrar puertas ni de cancelar trayectorias. Se trata de tener claridad, firmeza y respeto por la propia institución.
Hoy, el PRI en Morelos no tiene ninguna de las tres.
