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Cuernavaca Mor 20 de mayo.
La extradición desigual
Durante décadas, México escuchó el mismo discurso proveniente de Washington: cooperación, combate conjunto al narcotráfico, responsabilidad compartida y coordinación bilateral. Pero detrás de esa narrativa diplomática existe una realidad mucho más incómoda: la relación judicial entre México y Estados Unidos nunca ha sido entre iguales.
Hoy esa asimetría quedó brutalmente expuesta.
Mientras Estados Unidos exige resultados inmediatos, presiona políticamente y coloca bajo sospecha a funcionarios, gobernadores y estructuras completas del poder mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló un dato demoledor: México ha solicitado 269 extradiciones al gobierno estadounidense desde 2018… y no ha recibido una sola entrega.
Ni una.
Treinta y seis expedientes fueron rechazados y más de doscientos permanecen congelados en tribunales, oficinas migratorias o laberintos burocráticos del vecino país. Entre los reclamados aparecen personajes de alto perfil vinculados con corrupción, lavado de dinero, operaciones financieras ilícitas e incluso casos sensibles para la seguridad nacional mexicana.
Sin embargo, cuando Washington reclama objetivos propios, México sí responde.
La entrega masiva de 29 narcotraficantes realizada este mismo año, incluyendo figuras históricas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero y antiguos líderes de Los Zetas, volvió a demostrar que la cooperación mexicana suele ser inmediata, profunda y políticamente costosa.
Ahí nace la pregunta incómoda que hoy comienza a recorrer el país:
¿Existe realmente reciprocidad entre ambas naciones o México continúa operando bajo una lógica de subordinación estratégica?
Porque el problema ya no es solamente jurídico. Es político. Y también simbólico.
Washington argumenta que muchos expedientes mexicanos presentan debilidades procesales, insuficiencia probatoria o conflictos derivados del sistema migratorio estadounidense. En algunos casos puede ser cierto. Pero el tamaño del rezago exhibe algo mucho más profundo: Estados Unidos se reserva el derecho de decidir cuándo coopera y cuándo no, mientras exige a México disponibilidad absoluta en temas que afectan sus intereses de seguridad.
Esa diferencia de trato es precisamente la que comienza a generar irritación dentro del nuevo nacionalismo político mexicano.
Más aún cuando las presiones mediáticas y judiciales provenientes del norte coinciden con acusaciones cada vez más agresivas contra actores de la llamada Cuarta Transformación. El caso de los señalamientos recientes contra figuras de Sinaloa y otros operadores políticos vuelve a encender la percepción de que Washington utiliza expedientes criminales también como mecanismo de influencia regional.
No sería la primera vez.
Estados Unidos históricamente ha usado visas, sanciones financieras, investigaciones federales y acusaciones de narcotráfico como herramientas de presión geopolítica en América Latina. Lo novedoso ahora es que México parece dispuesto, por primera vez en muchos años, a colocar sobre la mesa el principio de reciprocidad.
Porque toda cooperación bilateral exige equilibrio.
No puede existir una relación madura cuando un país entrega decenas de objetivos estratégicos mientras el otro acumula 269 solicitudes sin resolver. No puede hablarse de respeto entre socios cuando una nación se convierte únicamente en exportadora de detenidos y receptora de presiones diplomáticas.
La soberanía no consiste en romper relaciones con Estados Unidos. Eso sería absurdo. La soberanía verdadera consiste en negociar de pie.
Y acaso por eso este tema resulta tan delicado para Washington.
Porque México comienza lentamente a dejar atrás aquella vieja política exterior basada en obedecer en silencio.