La empresa de seguridad privada Hebrón que ofrece servicios de vigilancia en escuelas y facultades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), negó tener vínculos con el senador Víctor Aureliono Mercado Salgado.
El abogado del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco y albasea en el litigio por el caso de la herencia del cantautor Joan Sebastian, Cipriano Sotelo Salgado aseguró que el legislador federal de Morena no tiene ninguna participación en la compañía de seguridad privada y custodia de las instalaciones y comunidad universitaria de la máxima casa de estudios de Morelos.
A escasos días de que culmine el contrato contraído por más de 30 millones de pesos entre la firma Hebrón y la UAEM, el apoderado legal de la empresa de seguridad deslindó al senador morenita de cualquier participación accionaria con la compañía de seguridad privada.
Lo anterior, luego de que trascendió la versión en la que se vincula al senador Mercado Salgado con la empresa Hebrón, representada por Aoki Reyes Uriostegui, presunto prestanombres y cercano colaborador del legislador por Morelos
El abogado Cipriano Sotelo, quien se presentó ante medios de comunicación como apoderado legal de la empresa Integradora de Sistemas de Seguridad Hebrón S.R.L., para aclarar que el ex titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, no tiene ninguna participación en la compañía ni en sus decisiones operativas.
Seguridad limitada al interior de la UAEM
De acuerdo con la postura fijada por la empresa, el contrato firmado con la UAEM establece que el servicio de seguridad se presta únicamente dentro de los campus universitarios.
Por lo anterior, dijo, los lamentables hechos ocurridos fuera de los límites de la institución no forman parte de sus responsabilidades operativas.
“Todo lo que pase fuera de la universidad no es obligación de la empresa darles seguridad”, explicó el abogado.
Indicó que el contrato vigente, hasta el 14 de Marzo próximo, fue adjudicado mediante un proceso de licitación pública convocado por la UAEM y tiene una duración aproximada de un año, iniciando a partir del mes de mayo de 2025.
Actualmente la empresa despliega 240 agentes de seguridad distribuidos en los distintos campus, sedes y subsedes de la institución.
Autonomía universitaria y límites operativos
Según la explicación presentada, la empresa actúa bajo lineamientos que derivan de la autonomía universitaria y de las condiciones contractuales establecidas con la institución.
Esto implica, por ejemplo, que los guardias no pueden revisar pertenencias de estudiantes ni realizar tareas de investigación, ya que dichas facultades corresponden a autoridades públicas.
“La universidad es una institución pública y entra cualquier persona caminando o en vehículo… nosotros no tenemos facultades para revisar o investigar”, explicó Sotelo.
Asimismo, los agentes de seguridad privada no portan armas y su función principal es de vigilancia y atención ante llamados de las autoridades internas de la universidad.
Origen de la empresa
Durante su exposición de motivos, el abogado Cipriano Sotelo explico que la empresa fue constituida el 22 de septiembre de 2016 en el estado de Morelos, por integrantes de la familia Reyes Urióstegui, quienes —según su representante— cuentan con experiencia previa en proyectos de seguridad privada.
La firma, exouso, participa regularmente en procesos de licitación pública para prestar servicios de seguridad a instituciones gubernamentales.
El posicionamiento se produce después de hechos violentos que han generado preocupación en la comunidad universitaria, particularmente tras la muerte de dos mujeres jóvenes en circunstancias violentas.
La empresa expresó que dichos hechos “duelen y preocupan”, pero insistió en que su actuación se limita al marco contractual firmado con la universidad.
Narrativa institucional bajo escrutinio
La aclaración pública ocurre en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en torno a los campus universitarios y la coordinación entre instituciones.
Mientras la empresa sostiene que su responsabilidad es únicamente intramuros, queda abierta la discusión sobre qué autoridad es responsable de la seguridad en la periferia universitaria.
El caso se encuentra en el centro del debate público sobre seguridad estudiantil.
La pregunta que queda sobre la mesa es clara:
Si la seguridad dentro del campus depende de una empresa privada y fuera de los muros del Estado… ¿Quién está garantizando realmente la seguridad de los estudiantes?
