La Fiscalía General de Justicia de Morelos a cargo de Fernando Blumenkron Escobar, inició las acciones legales correspondientes para la reaprehension de Ricardo Lemus Favila, alias El Barbas o El Inge, ex funcionario de la Comisión Estatal del Agua que encabeza el ingeniero Javier Bolaños Aguilar
El Ministerio Público de la Fiscalía estatal solicitó al Juez Penal de la causa, la revisión de la medida cautelar dictada a Ricardo Lemus Favila, para evitar la prisión preventiva justificada..
Lemus Favila, ex funcionario de la CEAGUA, fue vinculado a proceso por la Fiscalía estatal, acusado del delito de abuso de.confianza, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión en su contra.
En Luz PREVENTIVA Alerta con la Información damos a conocer el caso del referido ex funcionario del gobierno estatal, debido a que luego de permanecer prófugo de la justicia, un juez de control obtuvo los elemento suficientes para vincularlo a proceso penal.
No obstante, cabe destacar que el mismo juez penal rechazó imponer prisión preventiva, pese a que el imputado no acreditó domicilio en la entidad y presentó una licencia con datos presuntamente falsos.
Después de tres años fuera del alcance de la autoridad, Ricardo Lemus Fávila, conocido como “El Inge”, fue detenido en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.
La Fiscalía del Estado de Morelos le atribuye el delito de abuso de confianza, al señalar que presuntamente sustrajo recursos, información confidencial y un vehículo Volkswagen Jetta 2015 propiedad de la empresa IWET, con domicilio en Jiutepec, Morelos.
Tras su detención, fue trasladado a Morelos e ingresado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya para ser presentado ante un juez de control.
En audiencia correspondiente al juicio JC/1369/2023, el juez valoró los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y resolvió vincularlo a proceso, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Sin embargo, pese a que el imputado no acreditó domicilio en el estado y exhibió una licencia con un domicilio en Guerrero que fue señalada como falsa, el juzgador determinó imponer únicamente medidas cautelares consistentes en presentación periódica quincenal y prohibición de salir del país.
La Fiscalía no obtuvo la prisión preventiva justificada. El delito imputado podría alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión en caso de sentencia condenatoria.
A la salida de la audiencia, el asesor jurídico de la parte denunciante, Héctor Treviño, señaló que buscarán una sentencia que repare el daño patrimonial y siente precedente en casos de abuso de confianza empresarial.
