por Marcos Pineda Godoy
Las y los ministros de la suprema corte del acordeón volvieron a quedar en ridículo. Sin que ninguno de ellos asumiera la responsabilidad en lo particular, nos enteramos por un comunicado oficial que no desmienten la compra de las camionetas de lujo y con blindaje del más alto nivel. Dicen que no las usarán y podrían ser devueltas o asignadas a jueces que enfrentan riesgos mayores.
Como sea, quedaron evidenciados. No pueden echar la culpa a nadie, en una suma de pifias desde su famosa curva de aprendizaje, como los desatinos de la ministra, Lenia Batres, al argumentar con base en artículos constitucionales que no existen y hasta las declaraciones contradictorias del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuyas togas nos salen más caras a los mexicanos, porque nosotros somos quienes pagamos sus bordados distintivos, tan originarios como inútiles.
Se suponía que esta corte nos iba a costar menos y ya desde la vestimenta del presidente nos cuesta más. Si los medios de comunicación y las redes sociales no hubiesen revelado la compra de las camionetas ahí estuvieran usándolas.
Para estos políticos juzgadores no existe problema mientras no se lo señalen. Dejaron abierta la puerta para hacer caso omiso de la “cosa juzgada”, aprobando el proyecto de Batres, tras su berrinche y negativa a modificar un párrafo clave e inconstitucional. Y ella será la presidenta de la corte, en año y medio. No es necesario contar con mucha imaginación para perfilar esos dos años de estulticia.
Lo más grave no son los tres o cuatro millones por camioneta, sino el riesgo de la certeza jurídica para millones de mexicanos y extranjeros. Ni tampoco el cuento en que hicieron caer a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de que con esa compra habían ahorrado mil millones de pesos, sino la falta de credibilidad de una corte que se suponía iba a ser mejor que la anterior. Por donde se le busque, esta corte del acordeón deja mucho que desear y bastante por enfocar.
Como no hay de otra, deberemos estar muy atentos a las elecciones de juzgadores en el ámbito local, que no se nos cuelen políticos que en nada contribuirán a la impartición de justicia. Ya viene el proceso electoral y, como nunca, cada voto debería ser depositado a conciencia, debido a que en ello se juega el futuro de nuestra y las próximas generaciones.
Ahí va un detalle para el análisis de la austeridad prometida: El presupuesto de la SCJN para este año, es cerca de quince mil millones más que el de 2025. De ellos, 600 millones los podrá gastar la corte del acordeón. ¿Dónde quedó la bolita?
Y PARA INICIADOS:
Los medios de comunicación han puesto atención a un político morelense que, como abogado, se hizo fama de perderlas todas, al frente de los espacios jurídicos que le fueron confiados por Cuauhtémoc Blanco. Sí, Samuel Sotelo Salgado, quien, aunque su retrato cuelgue de una pared en Palacio de Gobierno, en calidad de exgobernador, pregunte usted quién lo reconoce como tal. Fue señalado por ser el propietario de una casa donde detuvieron a “El Botox”, allá en el 2018. ¿Será eso suficiente para que las autoridades mexicanas investiguen a fondo o tendremos que esperar a que las de Estados Unidos presionen al gobierno mexicano, como ya lo están haciendo en otros casos?
